La respuesta a la pregunta es sencilla, porque lo exige la legislación europea en aplicación de la directiva Whistleblowing aprobada en 2019, y con la que se pretende combatir las malas prácticas dentro de una empresa u organización.

La idea es que el denunciante, a través de ese canal, y de forma totalmente anónima y confidencial, pueda comunicar las actividades y conductas que supongan un incumplimiento del código de conducta de la compañía o la posible comisión de un delito penal.

La directiva obliga a que empresas y organismos públicos implementen un canal de denuncias gracias al cual el denunciante reciba protección a fin de no sufrir ningún tipo de represalia por parte de los denunciados. Evidentemente, con el canal de denuncias se pretende que las organizaciones funcionen bajo unas premisas éticas, pero, independientemente de la obligatoriedad de implementar dicho canal, los beneficios para las empresas van mucho más allá.

La garantía de anonimato del denunciante está la clave del éxito de esta medida, regulada por la normativa europea